Montserrat ha comparecido ante la Comisión de Igualdad para dar cuenta del plan de ejecución del Pacto de Estado que entró en vigor el pasado 27 de diciembre y que establece un plazo de seis meses al Gobierno para la puesta en marcha de las reformas contempladas y tres meses para liberar los primeros 200 millones de euros de los 1.000 que se contemplan en cinco años.
La ministra ha explicado que se han priorizado las medidas de reforma legislativa, "habida cuenta de que 122 de ellas corresponden exclusivamente al Estado, 10 a las Comunidades Autónomas, y 82 son de competencias compartidas". Montserrat ha afirmado que "el ritmo es positivo", para apuntar que se irán remitiendo los proyectos a las Cortes a medida que vayan estando listos, de una forma "organizada y sistemática".
En materia normativa, Montserrat ha señalado que "el punto de partida" y "la verdadera bóveda del Pacto" será la reforma de la Ley Integral, que se está analizando en un "grupo de trabajo técnico del gobierno", donde "ya se ha elaborado un itinerario" para modificar una veintena de artículos relativos a propuestas como devolver las competencias en violencia de género a los ayuntamientos u homogeneizar el sistema de acreditación de las víctimas, reconociendo como tales a las madres de hijos asesinados en este contexto.
Asimismo, esta reforma tiene como finalidad dar cumplimiento a otros objetivos relativos a la mejora de la respuesta institucional a las víctimas, como hacer posible que el abogado de la mujer pueda asumir su representación procesal, que se supriman los atenuantes de confesión y reparación, que se perfeccione la tipificación de los delitos en el ámbito digital o que se difundan los canales para presentar quejas o reclamaciones por un mal funcionamiento institucional o judicial.
