El decreto, que aprobó el Ejecutivo en agosto, será tramitado en las Cortes como proyecto de ley.
Su objetivo es poner en marcha tres medidas del Pacto que requieren modificaciones legislativas. El decreto, que pasará a ser proyecto de ley, prevé modificar el Código Civil para que los hijos de maltratadores puedan recibir atención psicológica con la autorización de un único progenitor.
También la ley de Bases del Régimen Local para devolver a los ayuntamientos las competencias de igualdad y prevención de la violencia machista, con el objetivo de que se "conviertan en lugares de "escucha, asilaje y respuesta" de las víctimas y sus hijos.
Calvo ha recordado que el 70 por ciento de las mujeres asesinadas no había denunciado a su agresor, por lo que las víctimas deben recibir el mensaje de que "las estamos esperando para ayudarlas".
La tercera modificación legal, en este caso de la Ley de Medidas de Protección Integralcontra la Violencia de Género, persigue que se pueda acreditar la condición de víctima sin necesidad de sentencia judicial con el fin de que puedan acceder a ayudas sociales y laborales.
"Creo firmemente que la violencia no desaparecerá si no mantenemos la unanimidad para su total rechazo", ha dicho la diputada popular Marta González Vázquez, quien ha mostrado su preocupación por determinados aspectos incorrectos o ambiguos del decreto que espera modificar durante su tramitación.
Desde ERC, Ana María Surra, también ha defendido que el decreto tiene una serie de errores, relativos al ámbito competencial autonómico, que esperan subsanar.
Ciudadanos considera que el Gobierno "ha dejado todo sin atar" por lo que también ha mostrado su intención de enmendar el proyecto. Patricia Reyes ha solicitado que se tramite de manera urgente para que las medidas del Pacto se pongan en marcha cuanto antes.
"Vamos tarde y no podemos esperar ni un segundo más. (...) Nos va la vida en ello", ha destacado la diputada de Unidos Podemos, Sofía Fernández Castañón.
Calvo ha celebrado el consenso en torno al Pacto y ha pedido a la Cámara que baje "las armas de la discrepancia y de la confrontación política" para luchar unidos contra esta violencia. La mayoría de grupos ha recogido el guante.
La diputada socialista Carmen Cuello ha exigido que se aborde esta lucha como una cuestión de Estado, mientras que el diputado del PNV Joseba Andoni Agirretxea ha instado a que "una de las mayores atrocidades que se cometen en la sociedad" sea erradicada con herramientas políticas.
"Aquí no debe haber banderas, sino unanimidad", ha respondido Íñigo Jesús Alli Martínez, de UPN.
"Esto sí es un problema de país, esto sí es un problema urgente y no lo que está distrayendo en los últimos meses entre momias, lazos y currículum", ha sentenciado la diputada de Coalición Canarias Ana Oramas.
Para la diputada de Compromís, Marta Sorlí, el Parlamento tiene "la oportunidad y la obligación de que este Pacto de Estado vaya más allá de una legislatura".
En ese sentido, Lourdes Ciuró, del PDeCAT, considera que este proyecto de ley "será un buen marco para seguir encontrando consenso en esta materia que no entiende de partidismo".
Tras agradecer a todos los grupos el apoyo brindado, Calvo les ha instado a completar antes de que termine el año el resto de las modificaciones legales recogidas en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género: "Les emplazo por la vía más rápida, más participada, más útil y democrática posible", ha concluido.
