Como objetivos principales de la ley que ha aprobado el parlamento son: lograr que Cataluña reduzca las emisiones de gases de efecto invernadero, favorecer una economía baja en uso de carbono y promover la coordinación de todas las administraciones públicas catalanas para reducir la contaminación.
Concretamente, la ley plantea reducir un 40% las emisiones de gases contaminantes de efecto invernadero para el año 2030 con respecto al nivel contabilizado en 2005, mientras que el año 2040 la reducción debería ser del 65%, y en 2050 pretenden que sea del 100%.
A su vez, establece que las administraciones públicas deben sancionar con impuestos aquellas actuaciones que aumenten las emisiones contaminantes e incentivar fiscalmente sus reducciones.
La ley también crea un fondo público para impulsar el fomento de las energías renovables, el autoconsumo eléctrico, las viviendas energéticamente eficientes, la movilidad sostenible, el ahorro de agua y la conservación de la biodiversidad.
Ésta es “la primera ley” sobre el cambio climático aprobada en España y desde la Conselleria de Territorio y Sostenibilidad se ha acusado al Gobierno de “vivir muy alejado de la concienciación imprescindible” sobre el calentamiento global.
