Aunque la ayuda internacional ha hecho posible más de 1.100 acuerdos ambientales desde 1972, “ni la ayuda ni el presupuesto interno han dado lugar a la creación de organismos ambientales sólidos capaces de hacer cumplir las leyes y los reglamentos con efectividad”, según el Programa de la ONU para el Medioambiente (PNUMA).

Algunos de los problemas son la falta de coordinación entre los diferentes organismos gubernamentales, una capacidad institucional muy débil, la falta de acceso a la información, la corrupción y la escasa participación de la ciudadanía.

También se han logrado avances positivos, como la aprobación del derecho constitucional a un medio ambiente sano en 88 países y la consagración de la protección del entorno en la Constitución de 65.

Más de 350 tribunales ambientales

Por otro lado, se han creado más de 350 tribunales ambientales en más de 50 países y en más de 60 existen al menos algunas disposiciones legales centradas en el derecho de los ciudadanos a recibir información sobre su medio ambiente.

Una de las dimensiones de la resistencia contra las leyes ambientales que denuncia el informe es el hostigamiento y el asesinato de defensores de la naturaleza. Más de 900 personas fueron asesinadas entre 2002 y 2013 y en 2017 cerca de 200.

Una buena coordinación entre instituciones sólidas y efectivas es esencial para un despliegue efectivo de estas leyes, según el informe. Un ejemplo es Namibia que, tras su independencia, estableció un órgano administrativo para gestionar la pesca a largo plazo.

Para resolver esta situación, ONU Medioambiente recomienda la implicación de distintos actores de la sociedad que tengan voluntad política y la integración de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas en todas las leyes que se promulguen.

El organismo también aconseja la puesta en marcha de pruebas piloto que permitan comprobar la efectividad de las leyes medioambientales.