Así lo ha subrayado la presidenta del Observatorio y la vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Ángeles Carmona, después del caso de la mujer de 28 años de Elda (Alicante) asesinada a tiros el pasado miércoles por su expareja mientras recogía a su hijo del colegio.
En ese caso la víctima había denunciado hasta en tres ocasiones -la última el pasado día 2- a su maltratador, sobre el que pesaba una orden de alejamiento dictada por el Juzgado de Instrucción 3 de Novelda que le impedía acercarse a menos de 300 metros y comunicarse con ella por cualquier medio.
Carmona ha hecho un llamamiento a todas las instituciones implicadas en el pacto de Estado aprobado el pasado 28 de septiembre a que mejoren la protección de la víctima, que pasa por la imposición de la libertad vigilada a los agresores en los momentos más delicados, como cuando se dicta sentencia condenatoria.
Además, considera esencial actualizar los dispositivos de seguimiento de los maltratadores porque "están obsoletos", especialmente en las zonas rurales o pequeñas poblaciones.
También considera fundamental introducir mecanismos para que los quebrantamientos de una orden de alejamiento tengan "consecuencias más graves", así como que en los tiempos de ejecución de una condena las medidas de alejamiento u otras que se puedan establecer sean inmediatas, aunque la sentencia no sea firme.
Con todo, Carmona ha llamado a todas las víctimas a denunciar "al primer síntoma de maltrato" porque solo así se podrá cortar "esa oleada de violencia" que puede degenerar en el asesinato y evitar que los agresores "queden impunes".
En lo que va de año, la violencia machista se ha llevado por delante la vida de 44 mujeres, las mismas que en todo 2016. Nueve de ellas habían denunciado y cinco tenían medidas de protección en vigor. Hay además otros tres casos en investigación.
Además, otros siete menores han sido asesinados, la cifra más alta desde 2013, año en que empezaron a contabilizarse.
