El foro, organizado por el Ayuntamiento de Madrid en el centro cultural Matadero, ha concluido con una petición de "mayor claridad y autonomía" en competencias y financiación de las políticas municipales contra la violencia de género.
Los que han participado en este encuentro han criticado que el Gobierno no incluya en los presupuestos generales la parte destinada a financiar acciones y políticas municipales en materia de prevención y atención a las víctimas. Y es que para la aplicación del pacto de Estado contra la violencia de género se necesita una dotación total de 200 millones de euros, de los que 80 corresponden a la Administración central y el resto a las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos.
El foro ha reclamado como municipal esta competencia para lo que es preciso "una reforma urgente de la ley 27/2013 de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL)". Esta ley, modificada por el Gobierno del Partido Popular en 2012, y conocida popularmente también como Ley Montoro, supuso una pérdida de competencias de los Ayuntamientos y entes locales en materia de violencia de género.
Los responsables municipales han defendido la importancia que tienen los ayuntamientos en la lucha contra la violencia de género, y se han comprometido a apoyar la lucha y actuaciones contra todas las violencias machistas, tal como establece el pacto de Estado y el Convenio de Estambul, no sólo a la que se produce entre la pareja o expareja.
Entre las conclusiones alcanzadas en el foro se apuesta por un enfoque interseccional que permita atender a "necesidades concretas y discriminaciones múltiples de las mujeres para su salida de la violencia" y se propone crear "unidades de apoyo locales o mesas locales de coordinación" previstos en el Pacto de Estado.
Además se exige la "creación inmediata" de la Comisión Parlamentaria de seguimiento del Pacto y se propone alcanzar un acuerdo de "estándares mínimos de servicios de respuesta a la violencia" para que "una mujer, viva donde viva, tenga garantizados sus derechos tanto en disponibilidad de recursos como en calidad y accesibilidad".
Estos municipios, que elaborarán un manifiesto, también piden que el personal encargado de atender los recursos contra la violencia no sea precario sino "suficiente y estable", para lo que exigen al Gobierno central proyectos de ley que así lo garanticen, según detalla el Ayuntamiento de la capital en un comunicado.
Durante el encuentro, la delegada de Políticas de Género y Diversidad de Madrid, Celia Mayer, ha exigido que el Gobierno cumpla sus compromisos y financie el Pacto con 200 millones de euros como prometió y no con 80 como ha presupuestado, pidiendo el resto a las comunidades autónomas (100 millones) y a la administración local (20 millones).
