"El problema con la ley es que todavía no es efectiva, al menos en los casos antiguos", ha advertido la directora de la Fundación Mujeres, Marisa Soleto, que cree que "los casos nuevos" que ha habido desde que se ha aprobado el aumento de esas pensiones "no tendrán ningún problema".
Por ello, ha reclamado "celeridad" a la Administración y ha instado al nuevo Gobierno que se constituya que este tema "sea una prioridad" para poder garantizar los criterios de retroactividad que contempla la ley y que estas ayudas lleguen también a los casos de menores anteriores a la entrada en vigor de la ley.
El marido de Soledad Cazorla, primera mujer de Sala contra la Violencia sobre la mujer y promotor del Fondo de Becas, Joaquín Tagar, ha pedido a la Seguridad Social que "actúe de oficio" a la hora de conceder estas pensiones, de modo que no sean las familias las que tengan que pedir estas ayudas para poder cobrarlas: "Que no se tenga que aplicar la ley pidiéndolo", ha dicho.
Soleto ha explicado que con la entrada en vigor de la ley, la cuantía mínima que percibían las familias ha pasado de 197 a 710 euros y ha recalcado que se ha eliminado el obstáculo de acceso que existía para muchas familias, que no recibían ninguna ayuda.
Según el informe, desde 2005 se han producido unos 682 asesinatos de mujeres que han dejado menores huérfanos y que, según ha remarcado Soleto, representan familias que han sufrido un "efecto de invisibilidad" porque "han salido de los circuitos de seguimiento social" y la ausencia de ayudas provoca que desaparezcan.
Respecto a las cifras de los b, el informe señala que en 2013 fueron 42 los niños que perdieron a su madre por la violencia machista, en 2014 fueron 43; en 2015, 51; en 2016, 29; en 2017, 26; en 2018, 39 y en lo que va de 2019 son trece.
También recopila los datos acerca de los huérfanos mayores de edad que suman 168 desde 2013, año en el que se contabilizaron 33, mientras que en 2014 fueron 51; en 2015, 27; en 2016, 31; en 2017, 26; en tanto que en 2018 y este año no ha habido ninguno.
Además de la entrada en vigor de la ley que mejora las pensiones de orfandad, Soleto ha destacado que Castilla y León, Galicia, Baleares y Castilla-La Mancha han aprobado distintas medidas económicas destinadas a los huérfanos de la violencia machista.
También ha subrayado la necesidad de aprobar exenciones fiscales para estas familias, que las ayudas económicas que perciban estén exentas de tributación y que se revisen las obligaciones fiscales asociadas al patrimonio o la herencia de los huérfanos, así como los procedimientos de liquidación de esas herencias.
Y ha reclamado celeridad a la Justicia a la hora de resolver medidas sobre la tutela de los menores, además de facilitar mayor información a las familias sobre los procedimientos judiciales y las condiciones de cumplimiento de condena.
En cuanto a la actividad del Fondo, desde que comenzó hace tres años, se han tramitado un total de 32 ayudas a los huérfanos de la violencia de género, por un importe que asciende a 52.535 euros, de los que se benefician un total de 16 familias, con 19 menores de edad y 6 mayores de edad.
