La última semana de diciembre de 2017 ha sido especialmente dramática, con dos asesinatos machistas confirmados desde el día de Navidad; el último, el de Arantxa, acuchillada en el cuello delante de sus tres hijos, dos de ellos de 12 y 9 años fruto de un matrimonio anterior, y un bebé de catorce meses que tuvo con el presunto criminal.
A ellos podría unirse otro que está aún investigándose, el de la joven de Benicàssim fallecida junto a su pareja en una colisión del coche que él conducía contra una gasolinera el pasado día 23 de diciembre. Otros tres casos, además, están aún en fase de investigación, ocurridos en febrero en Redondela (Pontevedra), en mayor en La Llagosta (Barcelona) y en julio en Mogán (Las Palmas), lo que podría aún aumentar la siniestra cifra por encima del medio centenar, mientras que en 2016 fueron 44.
De ellas, 10 habían presentado denuncia, bien la propia víctima o su entorno, y cinco tenían medidas de protección en vigor. Con todo, no ha sido el año más trágico desde que arrancaron las estadísticas oficiales en 2003. En 2008 fueron asesinadas 76, tres más que en 2010 y cuatro más que en 2004. Pero sí es el más macabro para los niños: este año deja la terrible cifra de 8 asesinados, cuando el año pasado hubo uno, cuatro en 2015, otros tantos en 2014 y seis en 2013.
Desde ese año, los huérfanos de la violencia de género suman 189, 27 de los cuales han perdido a su madre este año, tres menos que en 2016 y menos de la mitad que en 2015, cuando se rompieron las estadísticas con 51.
Extrapolando estos datos, colectivos como la Fundación Mujeres han calculado que desde 2004, estos niños superan el medio millar. A su protección van encaminadas varias de las 26 medidas prioritarias del Pacto de Estado contra la Violencia de Género que se pondrán en marcha a lo largo del 2018, según recordó el pasado viernes el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en su comparecencia para hacer balance del año tras la reunión del último Consejo de Ministros del año.
Son aquellas que no requieren de reformas legislativas, relativas a mejorar la asistencia y protección de las víctimas, a la sensibilización y la educación y la formación de los profesionales que intervienen en el proceso. Medidas como modificar los protocolos de actuación entre juzgados y administraciones y mejorar los de detección precoz en el ámbito sanitario o el de la asistencia y protección a los menores, con estudios sobre su situación o la suspensión del régimen de visitas son algunas de ellas.
El histórico Pacto contra la Violencia de Género sentó sus bases el pasado mes de septiembre, cuando el Congreso aprobó, con la única abstención de Podemos, las más de 200 medidas que piensan implementarse para combatir esta lacra, que se ha llevado por delante la vida de casi un millar de mujeres en los últimos catorce años. Gobierno, comunidades autónomas y ayuntamientos ratificaron el pasado miércoles durante la Conferencia Sectorial de Igualdad el documento parlamentario, en el que se prevé una financiación de 1.000 millones de euros para los próximos cinco años.
La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, lanzó el compromiso del Ejecutivo de garantizar los primeros 200 millones para el año que viene, con independencia de si se tienen que prorrogar los Presupuestos Generales del Estado o si logran sacar adelante unos nuevos.
