La Corte Internacional de Justicia (CIJ) ha examinado las obligaciones legales de los países para hacer frente al cambio climático. El país impulsor de estas medidas, Vanuatu, es un archipiélago de Melanesia, tiene 320.000 habitantes en 83 islas que, debido al calentamiento global, están desapareciendo bajo el agua. Sin embargo, este país solo emite el 0,02% de los gases de efecto invernadero.
Ralph Regenvanu, enviado especial para el Cambio Climático de Vanuatu, ha sido muy claro con la posición del país frente a los Estados que llevan más de un siglo sin controlar la emisiones de gases en sus territorios: "Nos encontramos en primera línea de una crisis que no hemos creado, una crisis que amenaza nuestra propia existencia".
A esto se suma otro país vulnerable a las consecuencias del cambio climático, Sudáfrica. El representante, Vusimuzi Madonsela, ha hecho hincapié en las personas vulnerables que tienen mayores dificultades para hacer frente al calentamiento global y reclama atender a las oblicaciones.
La respuesta internacional al CIJ
Tras el Acuerdo de París, ya se habían sumado países como Alemania, comprometida con una transformación verde. Sin embargo, han resaltado la diferencia entre “obligaciones legalmente vinculantes, y compromisos políticos voluntarios no vinculantes” respecto a la posición del CIJ en esta situación.
La Corte ha realizado audiencias en las que escucharán a 98 países y 12 organizaciones. Las audiencias, conformadas por 15 jueces, se desarrollarán hasta el 13 de diciembre, contando con la participación de países como Albania, Arabia Saudia o Australia. Cuando estas terminen, se emitirá una opinión consultiva reclamada por Asamblea General de Naciones Unidas el 29 de marzo de 2023. En esta se identificarán las obligaciones según el derecho internacional.
Con todo esto se esperará que el año que viene la Corte emita la definición de las consecuencias legales en caso de no cumplir con las obligaciones, que tendrán epercusiones aunque no sea jurídicamente vinculante.
