En noviembre del año pasado la Comisión europea publicaba dos indicadores comunes para todos los miembros sobre el uso de plaguicidas. No obstante, a la hora de llegar a este acuerdo, no se tuvieron en cuenta las consideraciones necesarias sobre en qué momento, sobre qué zonas y de qué forma utilizaban estos productos los agricultores europeos.

Por otro lado, como indican desde el Tribunal de Cuentas europeo, estas medidas, que se han aprobado después de que se firmar una directiva común hace diez años, presentan muy pocos avances a la hora de medir y reducir los riesgos derivados del uso de plaguicidas. Por ello, se espera que la nueva Política Agraria Común, que entrará en vigor en 2021, sea capaz de cambiar esta situación.

La Directiva Común, aprobada en el año 2009, constituía una serie de normas que se centraban en el uso de insecticidas, fungicidas y herbicidas que afectaban a la salud y al medio ambiente. Sin embargo, desde que se firmara ese pacto, no todos los estados miembros han llegado a aplicar estas consideraciones.

Esto llevó en su momento a que se denunciara el descontrol de las medidas a adoptar, para que todos los países de la Unión integraran en su legislación la nueva normativa sobre el uso sostenible de plaguicidas. De esta forma se creó una categoría de productos de bajo riesgo, recomendados para sustituir a otros más perjudiciales.

De momento, y pese a que en 2019 se publicasen nuevos indicadores a escala europea, respecto al uso de sustancias químicas para proteger los cultivos, ninguna de estas medidas que buscan dañar lo mínimo posible el medio ambiente tienen en cuenta la situación agrícola de los países a los que afecta.