El informe señala que si se invirtiera cada año el 2% del PIB mundial -1,3 billones de dólares- la economía mundial tendría tasas de crecimiento parecidas a las actuales, o incluso mayores, "pero sin agravar los riesgos, los choques, las penurias y las crisis cada vez más inherentes a la economía sucia existente, responsable del agotamiento de los recursos y del elevado nivel de emisiones de carbono".

Los diez sectores clave citados por el informe son: agricultura, construcción, energía, pesca, forestal, manufactura, turismo, transporte, agua y gestión de los desperdicios. Según el texto, una economía verde es pertinente no sólo para las economías más desarrolladas, sino que constituye un catalizador de crecimiento y de erradicación de la pobreza en los países en desarrollo, donde cerca del 90% del PIB generado por las poblaciones más desfavorecidas depende de la naturaleza.

El informe critica especialmente los subsidios y la subvenciones "que a menudo perpetúan la utilización no duradera de los recursos", como es el caso de los combustibles fósiles, la agricultura o la pesca. Según los expertos que redactaron el informe, entre un 1 y un 2 % del PIB mundial se invierte anualmente en subsidios. El texto señala que, por ejemplo, las subvenciones a la pesca representan unos 27.000 millones de dólares al año, mientras que los invertidos en combustibles fósiles exceden los 650.000 millones de dólares.

Con respecto a los empleos, el informe demuestra "que con el tiempo el número de empleos nuevos y dignos creados en los sectores que van desde las energías renovables a una agricultura duradera compensará la pérdida de aquellos generados por la economía sucia". Asimismo sugiere que la mayor parte del esfuerzo inversor debería ser costeado por la iniciativa privada, con la ayuda de "una contribución más modesta de dinero público".

No obstante, el texto propone "políticas públicas innovadoras" para establecer las condiciones favorables al paso hacia una economía verde. Entre ellas cita marcos reglamentarios que estimulen los sectores económicos verdes; una tasación que desplace los gastos de los consumidores y aliente la innovación; e inversiones públicas en el refuerzo de las capacidades y la formación.

El informe concluye que si se lograra dicha transición hacia una economía verde se obtendrían ingresos por habitante mayores a los que darían los modelos económicos actuales y se reduciría la huella ecológica en más del 50% en 2050. "Lo que está claro es que el mayor riesgo consistiría en mantener el 'statu quo'", advierte.