La Comisión Europea (CE) señaló este jueves que “sigue siendo un desafío fundamental en España” la anticipación y la gestión de los efectos adversos del cambio climático, tales como inundaciones, la erosión costera y del suelo, las sequías, las olas de calor y los incendios forestales.
España“es uno de los países más afectados de la UE”, según afirma el Ejecutivo comunitario en un informe publicado el 8 de septiembre..
Bruselas asegura que nuestro país se enfrenta “considerables” retos y necesidades de inversión en materia medioambiental, que estima en “al menos” el 0,83 % del PIB “en los próximos años”.
Sin embargo, la Comisión espera que con los cerca de 70.000 millones de euros que España recibirá de los fondos NextGeneration, de los cuales cerca del 40 % irá destinado a ese fin, confían “mejore la aplicación de la política medioambiental”.
Responsabilidad en la protección de hábitats y el reciclaje de residuos
El informe pide que se dediquen “recursos suficientes” a la protección y gestión de la Red Natura 2000, donde “la degradación de los hábitats protegidos que dependen del agua es también motivo de preocupación frecuente”.
“España es un marco de referencia excepcional dentro de la UE por su capital natural, que ofrece oportunidades, pero también implica una responsabilidad particular”, recoge el documento.
Y además, se nos recuerda que el Tribunal de Justicia de la UE dictaminó el año pasado que no se había aplicado correctamente la legislación de la UE relativa a la naturaleza y las masas de agua en la zona de Doñana.
En cuanto a la gestión de residuos, Bruselas también señala que “sigue siendo un reto importante”, puesto que España es uno de los países que no ha cumplido el objetivo de la UE de reducir un 50 % los residuos urbanos para 2020.
Además, se especifica en el informe, que el índice global de reciclado en España fue del 38 % en 2019, frente a una media en la UE del 40 %.
Avances insuficientes en la gestión del agua
En lo referido a la gestión hidrológica, “aunque se han producido avances”, España continúa sin cumplir la directiva sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas, que han obligado al país a pagar ya alrededor de 72 millones de euros, a raíz de una sentencia que el TJUE dictó en 2018.
“Sigue enfrentándose a numerosos retos en el sector del agua, especialmente en los ámbitos de la gobernanza del agua, la rehabilitación de las masas de agua y la eficiencia hídrica. Es necesaria una mayor inversión en infraestructuras en muchos ámbitos”, apunta el documento.
La Comisión también pide a España que aplique “con rigor” las medidas que se están llevando a cabo para controlar la calidad del aire en las áreas urbanas y, en general, “mejorar la coordinación”, entre todas las administraciones.
