El Ministerio de Agricultura, que analiza la situación desde el 1 de enero hasta el 31 de julio, 2017 es el tercer peor año de la última década en cuanto a superficie forestal quemada con 63.762 hectáreas afectadas, unas 47.000 más que el pasado año 2016. A 2017 solo le superan las 150.194 hectáreas quemadas en 2012, y las 91.672 de 2009.
Los incendios han afectado en lo que va de año a la vegetación leñosa y hasta el pasado 31 de julio han quemado 18.141 hectáreas de superficie arbolada y 39.105 hectáreas de superficie de matorral y monte abierto. En cuanto a la vegetación herbácea, ardieron 6.515 hectáreas, todas por debajo de la media nacional de la última década.
Sin embargo, los expertos afirman que los datos podrían aumentar por lo últimos incendios que se registraron el 27 y 31 de julio en Yeste (Albacete) y Campillo de Altobuey (Cuenca), y que se podrían no haber documentado. Se estima que las hectáreas arrasadas han sido 4.200 entre ambos incendios.
En total, 5.181 siniestros han sido pequeños incendios de menos de una hectárea este año, 3.604 han sido mayores a esta media, de los cuales 11 han sido grandes incendios con más de 500 hectáreas calcinadas.
La zona norte ha sido la que mayor porcentaje de siniestros ha tenido. Por regiones, Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco y las provincias de León y Zamora concentraron un 52 % de los siniestros registrados, así como un 63 % de la superficie forestal afectada y un 43,7 % de la arbolada. A estas les siguen las comunidades autónomas interiores que registraron un 33 % de siniestros, un 18,8 % de la superficie forestal y un 16,2 % de la arbolada.
En el Mediterráneo, incluyendo sus provincias interiores, registró un 14,2 % de siniestros, con un 18 % de superficie forestal afectada y un 16,2 % de arbolada.
Canarias concentró un 0,5% de siniestros a nivel nacional y un 0,1% de superficie total afectada.
Los expertos reclaman la falta de un proyecto global en cuando a planes de ordenación forestal para que la extinción de un fuego se entienda como un conjunto de operaciones del 1 de enero al 31 de diciembre, algo que en España no se está llevando a cabo.
