Su principal objetivo es que se refuerce el pacto y se mejore la eficiencia de los fondos destinados a su financiación. El informe concluye que las dotaciones presupuestarias previstas de 1.000 millones se han aplicado y que la mayoría de las medidas se han implementado o están en curso. Sin embargo, advierte que para mejorar la eficiencia en la asignación de los fondos sería necesario revisar el diseño del Pacto de Estado.
Desde el Tribual, recuerdan que en 2004 se aprobó la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. En 2014, España ratificó el Convenio del Consejo de Europa y en 2017 las partidos políticos con representación en las Cortes Generales, las comunidades autónomas y las entidades locales suscribieron un Pacto de Estado contra esta lacra social. Este pacto constaba de 290 medidas de tipo legislativo, de prevención y protección a las víctimas y para su desarrollo, se dispuso de una financiación adicional de 1.000 millones de euros en los Presupuestos Generales del Estado para el periodo 2018-2022. De ellos, 400 millones se destinaron a la Administración General del Estado, 500 millones a las comunidades autónomas y 100 millones a las entidades locales, esta aportación ha sido complementaria y adicional a los fondos específicos anuales.
Los datos recogidos destacan que las actuaciones de prevención y protección puestas en marcha a la largo de estos 20 años “están contribuyendo a reducir la violencia de género, aunque el objetivo de erradicación está lejos de conseguirse”. Cada año se registran unas 180.000 denuncias en los juzgados, más de 700 mujeres deben estar especialmente protegidas y alrededor de 50 mueren víctimas de sus parejas o exparejas. Sin embargo, el informe detecta como principales retos la concienciación redes sociales y en centros educativos.
Refuerzo de los servicios de atención y prevención en el ámbito rural
El papel de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género es relevante para desarrollar la estrategia estatal, coordinar a los poderes públicos y evaluar los resultados de la actuación, pero necesita fortalecer los recursos de las unidades territoriales de violencia. Para ello, la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, apuesta por potenciar la eficiencia en la toma de decisiones de financiación, la metodología presupuestaria y contable y la calidad de la evaluación de los resultados, así como reforzar el modelo de colaboración entre Administraciones Públicas.
