El protocolo cero consiste en una nueva guía de actuación policial para que los agentes sepan cómo actuar ante casos de violencia de género en los que no existen denuncias. Su objetivo principal es proteger y evaluar el riesgo que corren las mujeres de sufrir una nueva agresión y proteger a sus hijos menores de edad.

En lo que llevamos de 2021, 31 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas. De todos estos casos, prácticamente el 80% no constaba de denuncias previas contra el presunto agresor.

Así, la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer 2019afirma que únicamente el 21,7% de las víctimas denuncia a su maltratador. Por su parte, la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género asegura que las que se atreven a dar este paso tardan una media de nueve años.

Estas cifras han hecho que el Ministerio del Interior elabore este protocolo. Una herramienta que también se basa en la valoración de los testimonios provenientes de los familiares y las personas que integran el entorno social de una víctima de violencia de género.

En este sentido, el Ministerio asegura que la función principal de este documento es la de favorecer la creación de mecanismos policiales de protecciónadecuados que no estén condicionados a la existencia de una denuncia previa para su funcionamiento.

Esta iniciativa forma para de la adopción del paquete de medidas de refuerzo del Sistema VioGén, el mecanismo de protección de mujeres víctimas de la violencia machista propias del catalogo urgente aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 26 de julio.

En este catálogo se invita a participar a los servicios sociales de base y de atención especializada autonómicos y municipales. De este modo, la guía se aplicará en el momento en que los agentes conozcan una situación de violencia de género o el quebrantamiento de una medida de protección.

Por ello, el protocolo orienta a los agentes sobre cómo actuar en el lugar de los hechos y recabar la máxima información sobre lo ocurrido. Con ello, las fuerzas y cuerpos podrán valorar el riesgo de la víctima, trasladar la información a la autoridad fiscal y judicial y favorecer la protección de la mujer.

En primer lugar, los agentes deberán recabar información por parte de la víctima en un entorno privado para determinar si necesita asistencia específica y, en caso de ser así, proporcionarle los contactos necesarios.

Posteriormente, deberán hablar con el resto de personas presentes, tanto el agresor como los familiares, así como el resto del entorno, y determinar si ha habido presencia de menoresy si ellos también han sufrido agresiones o amenazas directas o indirectas.

Por otro lado, el decálogo pretende que los agentes tengan interiorizadas ciertas dinámicas que les permitan identificar si ha existido violencia física. También deben tener en cuenta la posible existencia de conductas de control o acoso.

Además, es importante que los agentes conozcan si la víctima considera que el agresor podría agredirla violentamente o incluso matarla. Finalmente, es necesario que el ámbito sociosanitario sea más proactivo, pues muchas mujeres acuden antes a estos servicios que a la policía o a la justicia.