La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha sido clara al afirmar que el fraude de ley no está permitido en el ordenamiento jurídico español, y que aquellos que intentan evitar una condena por violencia de género mediante un cambio de sexo enfrentan serias consecuencias legales. Según Redondo, además de ser juzgados por violencia machista, estos individuos podrían enfrentarse a cargos por falsedad documental en el DNI, debido al fraude de ley.
Los expertos en derecho también han expresado su preocupación por el potencial uso fraudulento de la ley trans, señalando que aunque la ley para la igualdad de las personas trans y LGTBI protege derechos fundamentales, su mal uso puede poner en riesgo la protección de las víctimas de violencia de género. María del Prado Escoda, magistrada y coordinadora de la comisión de violencia de género de Juezas y Jueces para la Democracia, ha indicado que, aunque el abuso de derecho está recogido en la legislación, los tribunales deben ser proactivos en evitar que se utilice la ley de manera fraudulenta.
Por otro lado, desde el Ministerio de Igualdad se ha resaltado que, aunque los casos de abuso son escasos, se tomarán medidas para sacar a la luz todas las situaciones de fraude. Este compromiso busca mantener la integridad de las leyes que protegen a las víctimas de violencia de género, mientras se respeta el derecho de las personas trans y LGTBI a la autodeterminación de su género. Pese a todo, tanto el Ministerio de Igualdad como los tribunales están enfocados en prevenir y sancionar cualquier intento de utilizar el cambio de sexo para eludir responsabilidades legales en casos de violencia machista, asegurando así la protección efectiva de las víctimas.
