Más de 40 organizaciones se han sumado para denunciar "la situación de alarma" que, a su juicio, se ha producido tras el repunte de asesinatos machistas registrados el pasado mes de diciembre de 2022 y durante las primeras semanas de enero de 2023. En el manifiesto destacan que esta situación exige de las instituciones, las organizaciones y de toda la sociedad, "un esfuerzo adicional en la puesta en marcha de medidas para la erradicación y la prevención de la violencia contra las mujeres".
Por este motivo, instan a las instituciones a cumplir de forma "estricta" las medidas de vigilancia y control ante casos de violencia de género, incluyendo la evaluación continua del Sistema de Seguimiento Integran en los Casos de Violencia de Género (VioGén) y una reforma de la coordinación judicial y policial para adoptar medidas especializadas para las víctimas con especia vulnerabilidad.
Unidades de valoración forense en las CCAA
Las organizaciones firmantes también proponen la apertura, en todas las comunidades autónomas y con los medios suficientes, de Unidades de Valoración Forense Integral que, según han señalado, están previstas en la Ley Orgánica de Violencia de Género.
Asimismo, llaman al refuerzo del sistema de acompañamiento y de ayuda a la toma de decisiones que permita a las mujeres dar con seguridad el paso de la ruptura de la relación violenta, evitando situaciones de desprotección. De la misma manera, consideran importante dotar de "más y mejor formación con perspectiva de género de todos los operadores", policiales, jurídicos y sanitarios, que se ocupan de la atención y la valoración del peligro que corren estas mujeres.
Para ellas, es urgente intervenir a favor de la prevención de la violencia de género en cualquiera de sus formas y de incidir en la sensibilización social, en especial, entre los más jóvenes.
Actualizar el Pacto de Estado contra la violencia de género
Por otra parte, estas entidades llaman a las formaciones políticas a renovar y actualizar el Pacto de Estado contra la violencia de género aprobado en 2017 y piden "la inmediata constitución de la Subcomisión de renovación" de este acuerdo en el Parlamento.
Aseguran no entender que las instituciones y poderes públicos "no hayan contado con las organizaciones feministas especializadas para el análisis y el diseño de las medidas de respuesta antes esta situación". "Demandamos ser convocadas, como organizaciones expertas, en los Comités de crisis para exponer las deficiencias de la respuesta institucional tanto por parte de la Justicia como de las administraciones públicas", detallan en el comunicado y, añaden, "en muchos casos" son ellas quienes se encuentran más cerca de las víctimas.
