Las portavoces del gobierno han explicado las medidas propuestas tras la reunión del comité de crisis, convocado por el departamento que dirige Irene Montero, al sumar en el mes de mayo cinco asesinatos de mujeres por violencia de género, para evitar futuros crímenes de este tipo.
Estas nuevas medidas incluyen, entre otros, protocolos para mujeres embarazadas tras analizar los últimos casos de crímenes machistas, así como propuestas con la necesidad de mejorar el fondo de garantía de pago de alimentos y también las ayudas a la reparación.
Como ha indicado Rodríguez, existe la necesidad de aumentar el umbral de este fondo, que actualmente se encuentra en los 8.000 euros; así como elevar el anticipo que recibe la víctima de 100 euros a 500, para evitar una situación de vulnerabilidad de la madre que pueda llevarla a situaciones más complejas.
Estas medidas serán debatidas y aprobadas con las comunidades autónomas en la conferencia sectorial de Igualdad, aunque, como ha aclarado Rosell, se suelen poner en marcha de inmediato.
Equiparar indemnizaciones
La secretaria de Estado ha propuesto también la mejora en las indemnizaciones para las familias de estas mujeres equiparándolas a las que reciben las víctimas del terrorismo, puesto que la indemnización por muerte por terrorismo es de 250.000 euros, mientras que las de muerte por violencia de género solo alcanzan los 90.000 euros.
Se trata de una “diferencia extraordinaria” de 160.000 euros y creen, ha señalado, “que esta política de reparación debe ser asumida por el Estado admitiendo que este ha llegado tarde y que no ha hecho lo tenía que hacer”.
Del mismo modo, han declarado que Igualdad quiere que los menores víctimas de esta lacra tengan una orden de protección generalizada, especialmente cuando conviven con la madre agredida. Pero también que se amplíe la protección a las mujeres embarazadas como víctimas más vulnerables y que se dicte una orden de protección que incluya al bebe tras el nacimiento.
Esto evitará que la madre tras el parto tenga que solicitar la eliminación del régimen de visitas por parte de su presunto agresor, como ha señalado la secretaria ángel Rodríguez.
