Fernández Marugán ha insistido en que es "necesario" que se apliquen las normas previstas en la legislación actual para proteger a los menores una vez que se ha emitido la orden de protección para la madre. Pronunciándose sobre la suspensión de la patria potestad, la tutela la curatela, la guarda o acogimiento, o sobre la posibilidad de suspender o modificar el régimen de visitas o estancia con los menores, mediante la "adopción de cualquier disposición que sea necesaria".
La institución ha destacado que "un maltratador nunca puede ser un buen padre".
Desde 2013, fecha en la que se comenzó a incluir en la estadística los crímenes machistas, 37 menores han sido asesinados por sus padres. "En muchas ocasiones estos crímenes han ocurrido mientras el menor estaba con su padre durante el régimen de visitas", ha señalado el Defensor del Pueblo.
Fernándes Marugán ha resaltado también que el Pacto de Estado sobre violencia de género "ha sido un gran acierto, pero es necesario desarrollar todas las medidas de protección que contempla".
El Defensor del Pueblo considera que los menores de edad "son siempre víctimas" de la violencia de género que se ejerce sobre sus madres y por eso ya recomendó a finales del año pasado que se modificaran las normas necesarias para asegurar la revisión del régimen de visitas, siempre que exista una orden de protección a la madre de los menores afectados.
Por su parte, el Ministerio de Justicia ha aceptado estas recomendaciones y ha recordado al Defensor del Pueblo que el proyecto de Ley de Protección Integral de la Infancia y Adolescencia introducirá modificaciones del régimen de visitas y de la guarda y custodia de los menores en caso de condena del padre por violencia de género.
La Secretaría de Estado de Justicia ha comunicado al Defensor del Pueblo que, entre las medidas previstas, prevé "configurar como obligatoria la imposición de la pena de privación de la patria potestad a los condenados por homicidio o por asesinato cuando la víctima y el autor tuvieran un hijo en común, o cuando la víctima sea hijo del autor, respecto a otros hijos, si existieren".
Además, ha asegurado que la nueva normativa "reforzará el derecho de los niños, niñas y adolescentes a ser oídos, escuchados y tenidos en cuenta en contextos de violencia contra ellos".
