Una de cada diezvíctimas mortales de violencia de género en 2023tenía una discapacidad, según recoge la Fundación CERMI Mujeres (FCM). Esto supone un incremento de cuatro puntos respecto a 2022, muy similar al periodo 2012-2023 con un 9,8%, 62 mujeres con discapacidad asesinadas y 635 víctimas mortales en total.
Esto se ha analizado en el XVII Informe Anual del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer que se presentó el 17 de diciembre de 2024 en la convocatoria ordinaria del Pleno del Observatorio.
Desde CERMI Mujeres han hecho hincapié en que 58 mujeres fueron asesinadas por violencia de género en 2023 y seis tenían algún tipo de discapacidad, lo que representa un 10,3%. Mientras que en 2022 fueron 49 mujeres asesinadas y tres de ellas con discapacidad, es decir, un 6,1%.
Por otro lado, hay 9.161 mujeres con discapacidad que reciben la renta activa de inserción debido al desempleo, y que son víctimas de violencia de género. Además, entre las 18.464 victimizaciones de mujeres por delitos contra la libertad e indemnidad sexual, 275 son por delitos de corrupción de menores o personas con discapacidad.
Para hacer frente a esto, consideran que es importante prestar especial atención al incremento y la prevalencia de las distintas formas y manifestaciones de violencia, dando mayor visibilidad y creando políticas públicas que atiendan a las necesidades de estas mujeres.
No obstante, el hecho de haber estudiado la situación de las mujeres con discapacidad en este informe, es considerado por la fundación como un gran avance. Para recoger los datos de estas mujeres han atendido a los registros del IMSERSO o del INSS y a las que figuran en los datos recogidos por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género.
En definitiva, desde CERMI Mujeres consideran que es urgente realizar "orientaciones claras y auditorias efectivas de los servicios especializados de violencia de género como único camino para atender a las necesidades de estas mujeres". Además, consideran que la reforma que atribuye mayores competencias a los Juzgados de Violencia sobre la Mujer no ha ido acompañada de "un refuerzo presupuestario correlativo, ni un incremento del número de Juzgados", lo que puede derivar en un colapso.
