Además, se ha registrado un aumento de las sentencias condenatorias a maltratadores, que representaron el 67,2 por ciento del total de fallos dictados (8.885 condenas de 13.230 sentencias).
Destaca el descenso del número de mujeres que renuncian a declarar contra sus parejas. Entre abril y junio de 2017 se acogieron a la dispensa a la obligación de declarar 4.263 mujeres, frente a las 4.341 del mismo periodo de 2016 (un 1,8 % menos).
Las mujeres extranjeras siguen siendo las que más renuncian a declarar contra su agresor (el 13,4 extranjeras y un 9,3 españolas).
El aumento de denuncias en un 18 % (han pasado de 36.166 denuncias en el segundo trimestre de 2016 a 42.689) significa un incremento de víctimas, en este caso del 20,7 % (de 33.440 mujeres a 40.366).
El observatorio judicial refleja un incremento de siete puntos en las solicitudes de órdenes de protección (se pidieron 10.242, 9.586 un año antes) y cuatro puntos en la concesión de las mismas por parte de los órganos judiciales.
La violencia de género en las disferentes comunidades autónomas se da de forma dispar. La ratio de media nacional es de víctimas 17 por cada 10.000. Se supera esta cifra en en Baleares (26,3), Murcia (21,8) y Comunidad Valenciana (21,3), mientras que la más baja se da en Castilla y León (10,8) y Asturias, Cantabria, Galicia y País Vasco (ligeramente superiores a 11).
Cerca de un 70 por ciento de las denuncias fueron presentadas por la propia víctima, directamente en el juzgado o a través de atestados policiales, mientras que el Poder Judicial aprecia un ligero descenso de las presentadas por familiares de las víctimas (sólo fueron el 2 %)
Las denuncias por intervención directa de la policía se sitúan en el 15,25 por ciento de los casos.
En la mitad, la relación de pareja se mantenía en el momento de la solicitud de la orden de protección; un 3 por ciento de las víctimas que pidieron protección fueron mujeres menores de edad.
Derivadas de las órdenes de protección y otras medidas cautelares se adoptaron 16.217 medidas judiciales penales, entre las que destacan la orden de alejamiento, la prohibición de comunicación, la suspensión de la tenencia y uso de armas, la salida del domicilio, la prohibición de volver al lugar en que se cometió la agresión y las medidas privativas de libertad.
Al mismo tiempo se dictaron 4.138 medidas civiles cautelares mientras se resolvía el proceso penal; un 19 % en relación con la prestación de alimentos y un 16,5 % resolvieron la atribución de la vivienda, detalla la estadística.
En un 5,3 por ciento de los casos las medidas supusieron la suspensión de la guarda y custodia de los hijos y en un 3,7 por ciento de los supuestos se procedió a la suspensión del régimen de visitas.
La presidenta del observatorio judicial, Ángeles Carmona, ha destacado el descenso del número de mujeres que renuncian a declarar durante el proceso y el mantenimiento de las medidas judiciales que buscan proteger a los menores, víctimas como son de la violencia de género.
Carmona también ha valorado el aumento de las condenas a los maltratadores y ha destacado la importancia de transmitir el mensaje de que "no hay impunidad para la violencia machista".
