Desde que se dispone de datos oficiales, el 1 de enero de 2003, hasta la actualidad, el año en el que se registró el mayor número de víctimas mortales fue 2008, con 76 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas.

A lo largo de 2016, esta lacra social se ha cobrado la vida de 39 mujeres y un menor de edad y ha dejado veinticinco menores huérfanos. No obstante, hay ocho casos en investigación, que podrían engrosar las estadísticas de la Administración. En dieciséis de los casos de este año había denuncia y seis tenían medidas de protección en vigor.

El servicio telefónico de atención a víctimas de malos tratos 016 ha batido un récord de llamadas, casi 66.000 de enero a septiembre en este ejercicio.

La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, ha destacado esta semana el descenso en el número de mujeres asesinadas en lo que va de año, siguiendo la tendencia decreciente que comenzó hace tres años.

Montserrat ha destacado la importancia del acuerdo alcanzado por todos los grupos parlamentarios este mes en el Congreso, poniendo "la primera piedra" de lo que será el pacto de Estado para erradicar la violencia de género.

La lucha contra la violencia de género es "una cuestión de Estado" para el Gobierno, ha señalado la ministra, quien ha expresado su intención de trabajar conjuntamente "con todos" en tres frentes de actuación: la prevención, la protección y la sensibilización.

La titular de Sanidad ha abogado por afrontar esta "batalla" en red, desde la cooperación, la colaboración y la coordinación entre todas las instituciones, los ministerios, las asociaciones y la sociedad civil.

Ante esta conmemoración, la directora de la Fundación Mujeres, Marisa Soleto, ha hecho un balance positivo de los doce años de vigencia de la ley integral de violencia de género, que ha desarrollado el derecho de las mujeres a denunciar las agresiones machistas.

Esta norma ha contribuido a sacar a la luz un problema social en el que previamente "primaba la impunidad absoluta, la imposibilidad de las mujeres de denunciar estas situaciones y la ausencia de medidas de protección específicas", ha explicado.

No obstante, Soleto ha opinado que hay "disfunciones" en la aplicación de la ley de violencia de género, por la falta de recursos y por el funcionamiento en el ámbito de la justicia.

Ha expresado su preocupación por la tramitación de algunos procedimientos de familia asociados a cuestiones de violencia de género, que no se han adaptado al conocimiento actual sobre esta materia.

También considera "preocupante" el elevado número de archivo de causas en la justicia, lo que supone que "muchas mujeres buscan una solución a su situación en los tribunales, pero no la encuentran, sino que se meten en un laberinto judicial que les complica enormemente la vida".

Asimismo, ha reclamado una mejora de los mecanismos de protección de las mujeres, dado que el 41 por ciento de las víctimas mortales por violencia machista había denunciado y el 15 por ciento tenía medidas de protección en vigor.

Entre los retos de futuro, ha defendido la ampliación de la ley integral para recoger todas las manifestaciones de violencia contra las mujeres -como el acoso sexual, la mutilación genital o el matrimonio forzoso- y no solamente aquellas que se producen en las relaciones de pareja como ocurre hasta ahora.

Tras el acuerdo unánime alcanzado en el Congreso, ha pedido celeridad a la subcomisión, que se creará en el seno de la Comisión de Igualdad, para articular un pacto contra la violencia machista, ya que, a su juicio, la legislación en esta materia "no puede esperar".