En España se producen cada año más de 8.900 muertes relacionadas con la contaminación atmosférica. Para reducir esta cifra, muy similar en otros países de la Unión Europea, en 2010 se marcaron unos niveles de emisión máximos, cuya infracción suponía una multa que, en caso de nuestro país, se sitúa en torno a los 200 millones de euros al año.
La Comisión Europea optó por no llevar a España a los tribunales internacionales por incumplimiento de estos límites, tras considerar positivas las medidas implementadas por el Gobierno. Una serie de normativas que, entre otras, pretendían reducir y mantener controlados los niveles de contaminación de Madrid y Barcelona, y que en la capital se implementaron a través de Madrid Central.
Sin embargo, después de las últimas elecciones, los cambios en ayuntamientos de todo el país podrían revertir los proyectos de esta índole, algo que ya advierten desde Ecologistas en Acción.
En Madrid, esta situación podría suponer, no solo el aumento de emisiones, sino multas de hasta 100 mil euros semestrales, que se sumarían a la deuda paralizada desde 2010. “Lo que supondrían 2.000 millones de euros” por sobrepasar los niveles de dióxido de nitrógeno producido por los transportes, como advierten desde Ecologistas en Acción.
Desde esta asociación recuerdan que proyectos como Madrid Central se empiezan a implementar en todas las ciudades europeas, a diferencia de nuestro país, donde “iríamos al revés de una dinámica en la que se apuesta por la salud de los ciudadanos”.
