Las delegaciones de los países desarrollados y la Unión Europea están abogando por potenciar el comercio de derechos de emisión (de gases de efecto invernadero), por lo que las empresas y naciones pueden comprar bonos o créditos de carbono que les permitan contaminar.
"Los países y las empresas ricas compran así su derecho a no tener que recortar sus emisiones", ha afirmado el activista.
Los bonos se venden por países y empresas que emiten menos gases del límite que se les impone, lo que generalmente ocurre en países en desarrollo.
Bragg opina que la compra-venta de derechos de emisión es contraproducente y defiende un sistema más transparente para reducir de manera drástica la cantidad de gases contaminantes, responsables del calentamiento global.
Además, algunos países ricos también quieren que la compra de estos bonos supla sus obligaciones financieras para con los países en desarrollo ante el cambio climático.
En 2015, los países desarrollados, por su responsabilidad histórica en la contaminación global, se comprometieron a aportar unos 86.000 millones de euros al año, por vía privada y pública, a partir del 2020 para ayudar a los países más pobres a luchar contra el calentamiento global.
Todavía no han aprobado un mecanismo claro para aportar esta cifra. Además, Bragg considera esta cantidad insuficiente para ayudar a las naciones en desarrollo a lograr su transición a las energías limpias y protegerse de los desastres naturales provocados por el cambio climático.
Más de 1.400 delegados de 182 países, la Unión Europea, 568 participantes de ONG y diferentes agencias asisten a la conferencia de Bangkok en la que se busca consensuar un marco de directrices y reglas para su aprobación final en la Cumbre del Clima (COP 24) que se celebrará en Katowice, en Polonia, en diciembre.
Estas directrices deberán concretar los objetivos del Acuerdo de París, cuyo fin es que la temperatura no suba por encima de dos o preferiblemente 1,5 grados centígrados respecto de los niveles preindustriales, entre otros fines.
ElAcuerdo de Parísentra en vigor en 2020 y los países se comprometerán a fijar objetivos de reducción de emisiones voluntariamente y no se contemplan sanciones para los que incumplan sus obligaciones.
