La nueva normativa establece una serie de medidas para controlar los usos ganaderos, agrarios, pesqueros, turísticos y urbanísticos de 2.400 kilómetros cuadrados del Campo de Cartagena y del Mar Menor, los cuales han dividido en dos zonas: la zona 1 que cubre un 15% de la superficie y tiene las mayores restricciones, y la zona 2 que abarca el 85% restante.
Además, el gobierno murciano incentivará la actividad agrícola mediante ayudas a los agricultores y a las agroindustrias que lleven a cabo cultivos de secano, ecológicos, hidropónicos y sostenibles, en este orden de prioridad, a la vez que prohíbe la transformación de secano a regadío y la roturación del suelo forestal. También va a restringir los ciclos de cultivo, de tal manera que no se podrán hacer más de dos cosechas al año en la misma parcela, exceptuando las de hortalizas que tenga un ciclo menor a 45 días, para las que se permitirán hasta tres anuales.
A pesar de que este decreto ley afectará al 90% de las plantaciones que se realizan al año en el Campo de Cartagena, el consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, Antonio Luengo, ha asegurado que la rentabilidad económica será efectiva, y que el Mar Menor no se va a recuperarcon esta ley, sino que van a tratar de mejorar el ecosistema lo máximo posible, junto con las medidas del Plan Vertido Cero disminuirá el nivel freático que vierte nutrientes y contaminantes a la laguna.
Igualmente, queda prohibida la navegación de embarcaciones de motores de dos tiempos de carburación, de alta velocidad o con niveles sonoros excesivos, mientras que los pescadores tendrán un nuevo reglamento, al tiempo que no podrán implantar granjas en la zona 1.
Sin embargo, aunque el decreto prohíba las nuevas construcciones cerca de la linea de costa, los planes urbanísticos aprobados antes de que entre en vigor este decreto ley podrán llevarse a cabo.
Las multas por el incumplimiento de las medidas dependerán del grado de la infracción, si es leve hasta 5.000 euros, si es grave hasta 50.000 euros y si es muy grave hasta 500.000 euros.
Esta nueva ley establece un plazo de cinco años para aprobar el Plan de Ordenación Territorial de la Cuenca Vertiente del Mar Menor, cuyo objetivo es regular las actividades de la zona comprendida entre la autopista AP-7 y la vía rápida de La Manga y la costa, donde los usos agrícolas deberán adaptarse a un carácter ecológico, forestal y turístico, y donde establecerá un corredor ecológico para actuar como filtro natural ecosostenible y para impedir la total urbanización del litoral.
