Así, pone de manifiesto que solo cinco comunidades autónomas cuentan con planes de prevención (Extremadura, Comunidad Valenciana, Cataluña, Baleares y Canarias), mientras que hay una ausencia generalizada de planes de autoprotección en todo el país, siendo estos "simplemente testimoniales", según apunta la responsable de la campaña de Incendios de Greenpeace, Mónica Parrilla.
A nivel general, doce comunidades autónomas (incluyendo Ceuta) obtienen una valoración "deficiente" o "muy deficiente" en su planificación ante el riesgo de incendios. Entre ellas destacan Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco y las provincias de León y Zamora, que representan el 51,57% del total anual de incendios que se producen en España.
Por el contrario, Canarias, Cataluña y Comunidad Valenciana son las que cuentan con planificaciones más avanzadas, aunque desde Greenpeace insisten en que ninguna comunidad autónoma alcanza el nivel de planificación requerido. Según recuerda la organización ecologista, la Ley de Montes regula la planificación de incendios a nivel autonómico y municipal, y establece la obligatoriedad de las comunidades autónomas de elaborar planes preventivos en aquellas áreas declaradas zonas de alto riesgo de incendio.
Además, la Directriz Básica de Planificación de Protección Civil obliga a los municipios de alto riesgo a que tengan planes de emergencia y de autoprotección. Sin embargo, según los datos del informe, se incumple la normativa de forma casi generalizada en todo el territorio español.
El informe destaca que el riesgo de incendios forestales se debe gestionar en dos direcciones: por un lado, considera fundamental una correcta gestión forestal, de forma que se protejan los bosques y a las personas que los habitan; y por otro, la necesidad de que la ciudadanía proteja su vivienda, tomando medidas preventivas y de autoprotección.
La participación de la población en la prevención de incendios es "fundamental" porque se traduce también en menos hectáreas calcinadas. Sin embargo, tal y como apunta Mónica Parrilla, la población no asume los riesgos y, por tanto, cuando no existe esa percepción social se desconocen los "deberes" y se ignoran "las buenas prácticas", dificultando así incluso las labores de los operativos de extinción y, por tanto, generando un "riesgo añadido" , según afirma el director de Greenpeace España, Mario Rodríguez
Por ello, Greenpeace ha lanzado una 'Calculadora de Riesgo frente a Incendios Forestales' para ayudar a los ciudadanos a autoevaluar los riesgos. Se trata de una herramienta en la que se plantean 15 preguntas que ayudan al usuario a testar el entorno en el que vive o su propia casa, entre otras cuestiones.
Según datos del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA), ahora Ministerio de Transición Ecológica, en 2017, se produjeron en España 56 grandes incendios forestales (GIF) y, a pesar de representar menos del 0,5% del total de incendios, fueron responsables de la destrucción de casi el 55% de las hectáreas quemadas. "Los incendios forestales se han convertido en una gran prioridad ambiental y en un problema de seguridad nacional", insiste el director de Greenpeace España, Mario Rodríguez.
Por todo ello, Greenpeace reclama una política de prevención ante los incendios en el que se aborden las causas que los originan y las que los propagan, y exigen el cumplimiento de la Ley de Montes y la Ley de Protección Civil en Incendios Forestales. "Es lamentable que pidamos que se cumpla la ley", reprocha Rodríguez, que señala tres "culpables" de que no se cumpla la ley: el Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos.
En concreto, piden que las administraciones realicen campañas de sensibilización a la población (sobre todo en interfaz urbano-forestal) para crear comunidades adaptadas al fuego; una mejora en la gestión de las masas forestales; que se evite que las contrataciones se centren solo en los meses de mayor riesgo de incendio y se reconozca la categoría de bombero forestal; y el desarrollo de modelos de selvicultura que tengan en cuenta la variable del cambio climático.
Asimismo, reclaman combatir la siniestralidad a través de la educación; una mayor investigación judicial y apoyo a las fiscalías de Medio Ambiente y otros organismos, eliminación del juicio por jurado y aplicación de la ley para los incendios dolosos; un tratamiento adecuado de la piromanía; y evitar ciertos tipos de viviendas en el medio rural que suponen un riesgo muy alto.
