La decisión de la Unión Europea de obligar a las aerolíneas a pagar por el dióxido de carbono (CO2) que emiten a partir de 2012 ha generado una fuerte oposición en países de Latinoamérica, Estados Unidos y China.
La medida fue adoptada en 2008 y supone incluir la aviación en el sistema comunitario de comercio de derechos de emisión (ETS, por sus siglas en inglés), lo que en la práctica equivale a tener que pagar por cada tonelada de CO2 emitida en trayectos con origen o destino en la UE.
Su entrada en vigor el año que viene inquieta especialmente a las aerolíneas estadounidenses que operan vuelos transatlánticos.
Las principales compañías del sector en EEUU (American, Continental y United) denunciaron la legislación europea ante la justicia británica, que a su vez consultó al Tribunal de Justicia de la UE Uno de los abogados generales de este tribunal se pronunciará el próximo 6 de octubre y, aunque su opinión no constituye una sentencia firme sí suele inspirar el veredicto de la corte, esperado para principios del año que viene.
En paralelo, el Congreso de EEUU tramita una ley que, aunque previsiblemente no saldrá adelante en el Senado, preocupa por su fuerte oposición a la aplicación del sistema ETS europeo.
Varios países de América Latina, entre ellos México y Brasil, han apoyado expresamente la iniciativa estadounidense, según señalaron a Efe fuentes comunitarias.
La Asociación Latinoamericana y caribeña de Transporte Aéreo (ALTA) pidió este verano al sector que rechace la inclusión de la aviación en el comercio europeo de emisiones, ya que considera que representa una amenaza para los operadores de la región y ocasionaría pérdidas de cientos de millones de dólares.
China ha amenazado, por su parte, con llevar el caso ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) y restringir el acceso de las compañías de la UE a su mercado porque considera que la medida europea pone en peligro sus intereses comerciales.
Rusia e India también empiezan a manifestar su oposición, lo que en Europa hace temer un efecto dominó.
La Asociación Europea de Aerolíneas (AEA) cree que Bruselas debería primero asumir que cuenta con una oposición creciente que va a dificultar la puesta en marcha de la medida y después hacer todo lo posible para asegurar que las aerolíneas de la UE no resulten perjudicadas al tener que cumplir una legislación ambiental exigente que no respeta el resto de operadores internacionales.
El planteamiento europeo conlleva cobrar por las emisiones emitidas durante todo el trayecto con origen o destino en la UE, un punto con el que discrepan especialmente las compañías de EEUU, que reclaman pagar sólo por el CO2 expulsado a la atmósfera al sobrevolar territorio comunitario.
"Un vuelo San Francisco-Bruselas es un vuelo a la UE, sus emisiones no pueden contabilizarse por trayecto, incluso aunque haga escalas", indicaron fuentes de la AEA, conscientes de que un cliente que compra un billete para este desplazamiento selecciona "destino Bruselas" y paga en consecuencia.
Iberia, que forma parte de la AEA y defiende este mismo razonamiento, desvela en su última revista interna que la aplicación de la legislación comunitaria, le supondría un coste de 29 millones de euros al año en compra de derechos de emisión.
La CE tranquiliza a las aerolíneas europeas con el argumento de que la legislación ya incluye mecanismos para garantizar que todas las compañías de dentro y fuera de la Unión tendrán que aplicar medidas equivalentes.
