La medida ha salido adelante por una enmienda presentada por el Partido Popular en el Senado y apoyada por Junts, Vox y el PNV dentro del proyecto de ley de prevención de pérdidas y desperdicio alimentario. El debate ha estado marcado por la confrontación entre los defensores del sector ganadero y los grupos ecologistas.
Milagros Marcos, diputada del PP, ha justificado la decisión y ha asegurado que responde a la necesidad de proteger la ganadería y el mundo rural, mientras que Patricia Otero, del PSOE, ha criticado la enmienda por no guardar relación con la ley en cuestión y por haber sido impuesta en el Senado sin un debate adecuado.
Desde el conservacionismo, organizaciones como WWF y Ecologistas en Acción han condenado la decisión, calificándola de "retroceso histórico" sin base científica.
Juan Carlos del Olmo, secretario general de WWF, ha advertido que esto reabrirá la persecución del lobo, mientras que Ecologistas en Acción ha anunciado acciones legales para revertir la medida y garantizar la protección del animal.
Las comunidades autónomas con mayor presencia de lobos, como Cantabria, Asturias, Galicia y Castilla y León, han respaldado la decisión, argumentando que la protección del lobo había generado graves problemas al sector ganadero. En Cantabria, la consejera de Desarrollo Rural, María Jesús Susinos, ha celebrado la medida, señalando que la situación en la región "era ya insostenible".
Por su parte, el presidente de Asturias, Adrián Barbón, ha insistido en que su comunidad siempre se opuso a la inclusión del lobo en el Lespre y apoya plenamente su eliminación del listado.
El futuro de la población de lobos en España queda ahora en manos de las comunidades autónomas, que podrán regular su gestión. Sin embargo, el conflicto entre ganaderos y ecologistas se intensifica, con nuevas movilizaciones y recursos legales en el horizonte.
