Los titulares de Medioambiente de los Estados miembros de la UE aprobaron este lunes en consejo de ministros en Luxemburgo el texto, convertido en símbolo de la lucha en torno a la agenda verde. El objetivo era alcanzar una mayoría cualificada (mínimo de 55 % de países que sumen al menos el 65 % de la población de la UE) para adoptar un texto que había superado prácticamente todas las fases legislativas ordinarias, pero que ha vuelto a encallar en la recta de meta. La Comisión Europea presentó la ley en junio de 2022 para reparar al menos el 20 % de los ecosistemas terrestres y marinos degradados en 2030 y todos ellos para el 2050, incluidas las tierras de cultivo, y alinear así a la UE con los acuerdos sobre biodiversidad de Naciones Unidas.
Para ello, y tras rebajar su ambición inicial, el reglamento establece obligaciones para corregir la disminución de polinizadores, recuperar el 30 % de las turberas vaciadas para uso agrícola, mantener madera muerta en los bosques, no reducir espacios verdes urbanos o eliminar barreras artificiales en los ríos de la UE, donde el 81 % de los hábitats se encuentra en mal estado. El expediente se preveía inofensivo, pero se fue envenenando a medida que se divisaban las elecciones europeas en el horizonte. El proceso legislativo comunitario normalmente parte de una iniciativa de la Comisión Europea, que propone en este caso un reglamento que, una vez negociado y aprobado por las instituciones comunitarias, los Estados miembro aplican automáticamente. Para que esto ocurra, las capitales tienen que acordar un enfoque común en el Consejo, y el Parlamento el suyo propio. Después, ambas instituciones negocian, con ayuda de la Comisión, y ese pacto provisional debe ser aprobado por el pleno de la Eurocámara y por el Consejo (los países). Y en cada uno de esos pasos, la Ley de Restauración de la Naturaleza se ha topado con todos los vericuetos legislativos imaginables, aunque hasta ahora la mayor trinchera había estado en la Eurocámara.
En sintonía con el gran "lobby" agrícola Copa-Cogeca, el presidente del Partido Popular Europeo, el alemán Manfred Weber, lanzó una dura campaña contra la normativa, convirtiéndola en un símbolo para defensores y detractores del Pacto Verde. La maniobra se interpretó como un intento del jefe de los populares de atraer votantes del mundo rural a los que podría seducir la ultraderecha, y a punto estuvo de tumbar el expediente, que criticaba la extrema derecha pero defendían socialdemócratas y ecologistas, gran parte de los liberales, científicos y asociaciones medioambientalistas como BirdLife o WWF o empresas como IKEA, Nestlé, H&M o Iberdrola. Entre tanto, las protestas agrícolas iban ganando fuerza en distintos países de la UE y las "tractoradas" se iban convirtiendo en parte del paisaje habitual de Bruselas.
Finalmente, la Eurocámara adoptó su posición, llegó a un pacto con el Consejo (los países ya habían acordado un enfoque común), el Parlamento validó el acuerdo y sólo faltaba que el Consejo también le pusiera su sello. Pero resultó imposible cuando el pasado marzo Hungría cambió de posición, sumándose al grupo de países que rechazaban la ley (Finlandia, Suecia, Países Bajos, Austria, Polonia, Bélgica e Italia). Y los ministros de Medioambiente de once países favorables (Alemania, Chipre, Dinamarca, Eslovenia, Estonia, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Lituania, República Checa y la titular española Teresa Ribera) reaccionaron pidiendo por carta a los Veintisiete que votaran a favor de la ley.
"Es el momento de enseñar las cartas", decía en vísperas del debate ministerial diplomático, que añadía que ya no está claro quién apoya qué. Prueba de ello es que horas antes del debate ministerial, Austria anunció que votaría a favor, lo que de nuevo permitiría reunir la mayoría cualificada.
El reglamento ha sido adoptado finalmente con los votos a favor de Bulgaria, República Checa, Dinamarca, Alemania, Estonia, Irlanda, Grecia, España, Francia Croacia, Chipre, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Austria, Portugal, Rumanía, Eslovenia, Eslovaquia, el voto en contra de Italia, Hungría, Países Bajos, Polonia, Finlandia y Suecia y la abstención de Bélgica.
Pese a todo, el Gobierno de Austria que lidera el conservador Karl Nehammer presentará un recurso de anulación ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), según la agencia local APA.
