La Junta de Gobierno de Madrid ha aprobado esta modificación de la ordenanza que regula la Tenencia y Protección de los Animales, publicada en 2001, porque considera que las instalaciones circenses no satisfacen las "condiciones fisiológicas, mentales y sociales de los animales", ni respetan el bienestar animal, según han informado fuentes municipales.
Si se aprueba, el Consistorio no autorizará la instalación en la capital de circos que cuenten con animales salvajes.
En 2017, el Pleno del Ayuntamiento de Madrid ya aprobó elaborar una normativa concreta sobre los derechos de los animales para estudiar la prohibición de instalar en la capital estos espectáculos circenses.
Desde entonces, el grupo municipal socialista ha apremiado en varias ocasiones al Ejecutivo de Manuela Carmena a cumplir con esta prohibición que finalmente el área de Salud, Seguridad y Emergencias ha impulsado en la recta final de la legislatura.
El Ayuntamiento se basa en una recomendación de la Federación Veterinaria Europea (FVE), adoptada el 6 de junio de 2015, que alerta de que las necesidades de estos animales "no pueden satisfacerse en un circo itinerante, especialmente en lo que respecta al alojamiento y a la posibilidad de expresar comportamientos naturales".
El Gobierno de Manuela Carmena entiende en esa misma línea que el uso de mamíferos salvajes está "injustificado" y tiene además un "escaso o nulo valor educativo, conservacionista y económico" y además incumple la declaración universal de los derechos de los animales de 1987 en la que se recoge que todo animal salvaje tiene derecho a vivir libre en su propio ambiente natural.
El Gobierno de Manuela Carmena sostiene además que la percepción de la mayoría de la ciudadanía sobre los espectáculos circenses ha cambiado. "Los animales están separados de su mundo natural, lo que les provoca situaciones no deseadas de malestar y estrés", defienden desde el Consistorio de la capital.
Para la elaboración de esta modificación se ha realizado una consulta previa en la que han participado diversas asociaciones protectoras de animales así como representantes de asociaciones de los propios circos.
Tras la aprobación en Junta de Gobierno, se abre un plazo de un mes para presentar alegaciones y después tendrá que ser sometido a aprobación plenaria, que será entre marzo y abril.