Además, sólo 80 megavatios (MW) del total de 9.000 MW que se adjudicaron en las subastas de renovables están instalados, según Ribera, quien ha dicho que “hay que mucha gente que piensa que será difícil llegar a poder instalar el 70 % de la potencia subastada”.
Ribera, en respuesta a una pregunta de la diputada del PNV Idoia Sagastizábal sobre los plazos para aprobar el real decreto de acceso y conexión, ha indicado que uno de los “cuellos de botella” para el desarrollo de los proyectos está siendo precisamente la ausencia de esa norma.
La ministra ha dicho que, aunque la Ley del Sector Eléctrico de 2013 ya contemplaba que había que hacer ese real decreto, hasta 2018 el Ministerio de Energía, bajo el Gobierno del PP, no empezó a tramitar esa “norma crítica, clave y fundamental para poder facilitar el acceso y conexión”.
Teresa Ribera ha dicho que es probable que su Ministerio reciba en próximos días el informe del regulador para poder seguir con la tramitación del real decreto, que tiene también que pasar por el Consejo de Estado, y ha reiterado que su intención es que esté aprobado antes de fin de año. Ha indicado que se apurarán todos los plazos y se intentarán acortar los tiempos por la vía de los procedimientos o de la tramitación vía de urgencia.
Energías renovables en el sistema eléctrico
Ribera ha señalado que, además de conseguir que los proyectos que se van a desarrollar con la potencia adjudicada en las subastas estén ejecutados antes del 31 de diciembre de 2019, como están obligados los adjudicatarios, hay un gran desafío, que es “cumplir con los objetivos ambientales, energéticos, el Acuerdo de París y la modernización del sistema económico y energético”.
Para ello, según la ministra, hay que facilitar la inclusión en el sistema eléctrico de entre 6.000 y 7.000 MW de potencia renovable al año de aquí a 2030, para lo que es fundamental que esté aprobado el real decreto de acceso y conexión.
Las últimas subastas de potencia renovable se celebraron en enero de 2016, y en mayo y julio de 2017, y la fecha límite para que los proyectos que se desarrollen con la capacidad adjudicada entren en funcionamiento es el 31 de diciembre de 2019.
