"Garantizará que las infracciones más graves de las normas ambientales sean consideradas como delitos y que se reconozca el papel clave de los defensores del medioambiente", declaró en un comunicado el comisario europeo de Medioambiente, Virginijus Sinkevicius. La Directiva sobre Delitos Ambientales que entra en vigor el lunes 20 de mayo introduce nuevas categorías de delitos como el reciclaje ilegal de barcos, la extracción ilegal de agua, infracciones graves de la legislación sobre productos químicos y mercurio. La lista también contempla infracciones graves relacionadas con los gases fluorados de efecto invernadero e infracciones graves de la legislación sobre especies exóticas invasoras, además de castigar el comercio ilegal de madera.
Los Estados miembros tendrán ahora que adaptar sus leyes nacionales a la directiva y deberán endurecer las penas cuando alguna de las infracciones graves descritas en la norma provoque "un daño o destrucción grave, generalizada y sustancial del medio ambiente". La normativa no no recoge el concepto de "ecocidio", como pedía el Parlamento Europeo, pero sí el de "delito cualificado", que abarca a incendios forestales a gran escala o contaminación generalizada del aire, el agua y el suelo, que "conlleva la destrucción de un ecosistema y es, por tanto, equiparable al ecocidio", según la interpretación de la Eurocámara. Los delitos cualificados podrían ser castigados con ocho años de prisión, los que causen la muerte de una persona con diez años, y los demás delitos con hasta cinco años.
"Las obligaciones ambientales están diseñadas para proteger los delicados y frágiles ecosistemas de los que dependemos para sobrevivir. Quienes las incumplen ponen en riesgo nuestra salud y nuestro medio ambiente. Es un comportamiento tan criminal como otros tipos de delitos graves", dijo la comisaria europea de Valores y Transparencia, Vera Jourova. La directiva también define tipos concretos y niveles de sanciones para personas físicas y jurídicas, de forma que todos los infractores estarían obligados a restablecer el entorno dañado y a ofrecer compensación, además de enfrentarse a multas. Para las empresas, las multas alcanzarán el 3 % o el 5 % de su facturación mundial anual o, alternativamente, 24 o 40 millones de euros, según la naturaleza del delito. La normativa también establece que los profesionales que combaten los delitos ambientales deberán tener acceso a recursos suficientes y a la formación adecuada y garantiza el apoyo y asistencia a los defensores del medio ambiente en los procedimientos penales, recordó el Ejecutivo comunitario.
Exportar residuos
La Directiva de Delitos Ambientales entronca con el nuevo reglamento comunitario de Traslados de Residuos, que también entra en vigor este lunes y establece normas más estrictas para la exportación de estos a países de fuera de la UE, que han aumentado un 72 % desde 2004, llegando a 35 millones de toneladas en 2023. El 49 % de esos residuos exportados va a países que no son miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el llamado "club de los países ricos", donde se supone que las normas y la vigilancia mantienen cierta armonía.
"El tráfico de residuos es uno de los delitos ambientales más graves de la actualidad. Daña el medio ambiente y, a menudo vinculado al crimen organizado, también perjudica a las empresas legítimas", subrayó la Comisión Europea. La directiva prevé que, a partir de 21 de mayo de 2027, las exportaciones de residuos de la UE a países no pertenecientes a la OCDE solo se permitirán si estos países informan a la Comisión Europea que están dispuestos a importar residuos y demuestran que tienen la capacidad de gestionarlos de manera sostenible. El Ejecutivo comunitario también supervisará las exportaciones de residuos a los países de la OCDE y tomará medidas si tales exportaciones crean problemas ambientales en el país de destino, y modernizará los procedimientos dentro de la UE para facilitar y rastrear los traslados.
