Se trata del primer tratado multilateral sobre la regulación del mercurio, y que busca limitar, a nivel global, la toxicidad que provoca la liberación de este elemento al medio ambiente y que es perjudicial para la salud, especialmente para el sistema nervioso, según se ha demostrado en diferentes estudios.
La importancia de este acuerdo reside en que el mercurio es un contaminante global cuyas emisiones pueden viajar miles de kilómetros porque es muy volátil y bioacumulativo en organismos y, por consiguiente, en la cadena trófica. Por este motivo, es muy complicado saber quién es responsable.
El acuerdo fue firmado por 128 países en octubre del año 2013, pero a efectos legales no se haría vigente hasta que 50 de éstos lo hubieran ratificado, hecho que se produjo finalmente en mayo de este 2017 y ayer, 16 de agosto, el tratado se hizo efectivo.
Las principales fuentes de liberación de mercurio en España son, según los expertos, la industria de las cementeras, sobre todo las que utilizan combustibles residuales, como los lodos de las depuradoras; la quema del carbón por parte de las centrales térmicas, que también emiten tóxicos provenientes de este metal y la industria del cloro sosa, cuya tecnología de celda de mercurio está actualmente cesada en Europa.
Los investigadores aplauden la entrada en vigor del acuerdo, pero aunque sea una práctica erradicada, el problema está en que, por ejemplo, muchas personas tienen empastes dentales y dentaduras de mercurio, lo que produce que, a la hora de incinerar los cadáveres, no hay ninguna regulación que delimite las emisiones en los crematorios.
Además, han comentado que el Convenio de Minamata podrá afectar la decisión sobre los proyectos de minas de oro que diversas compañías internacionales han planteado recientemente en España y que se ha utilizado para separar y extraer el oro de las rocas. También proveerá con recursos financieros y técnicos necesarios para reducir el riesgo de exposición al mercurio de manera global.
