La organización Ecologistas en Acción ha presentado una queja ante la Comisión Europea contra el Estado español al considerar que doce comunidades autónomas están actuando de forma negligente por no adoptar planes para controlar el ozono. Estas comunidades autónomas suman 21,4 millones de habitantes afectados, casi la mitad de la población española. 

Ecologistas en Acción ha señalado en una nota de prensa que España no ha elaborado los preceptivos planes de mejora de la calidad del aire en el medio centenar de zonas donde entre 2010 y 2015 se ha incumplido el valor objetivo que establecen las leyes para la protección de la salud frente al ozono troposférico.

Junto a Madrid, las zonas están repartidas entre las comunidades autónomas de Andalucía, Aragón, Baleares, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Murcia, Navarra y País Vasco, sumando casi la mitad de la población española.

En 64 zonas de las mismas comunidades se ha incumplido también la obligación de adoptar dichos planes de calidad del aire en relación a la superación en el mismo periodo del objetivo legal para la protección de la vegetación, afectando a una superficie total de 350.000 kilómetros cuadrados, el 69% del territorio.

Al margen del problema creado por el tráfico urbano de Madrid, el otro gran foco de contaminación por ozono en España se encuentra en el litoral mediterráneo, desde Girona hasta Almería, pasando por la Comunidad Valenciana, Murcia y las Islas Baleares.

Esta organización ecologista ha recordado que la Directiva europea de Calidad del Aire establece que los Estados miembros deberán elaborar planes de calidad del aire en las zonas y aglomeraciones donde los niveles de ozono en el aire ambiente superen cualquier valor objetivo.

La Ley estatal de calidad del aire atribuye la competencia para elaborar dichos planes a las comunidades autónomas, ha observado Ecologistas en Acción, y ha aseverado que es una medida obligatoria para las autoridades autonómicas “que de ninguna manera se puede entender como discrecional, al margen de las iniciativas que pueda adoptar el Gobierno central.