Lo único que puede evitar que el caso acabe en los tribunales es "que las medidas que pongan sobre la mesa y las acciones que tomen en sus países sean suficientes para alcanzar los objetivos sin ningún retraso", ha señalado Vella.
"Ante estos duraderos fracasos para tomar acciones serias y ante la perspectiva de que los procesos legales en curso continuarán, llamo a todos los Estados miembros a abordar este problema que pone en riesgo la vida con la urgencia que requiere", ha declarado el comisario. Vella, que no se ha referido a las circunstancias particulares de cada uno de esos nueve países a los que Bruselas advirtió formalmente en febrero del pasado año, ha indicado que "el sentido de la urgencia no siempre es evidente entre los Estados miembros".
Y ha subrayado que "no hay nuevas fechas límites" en lo relativo al proceso legal en marcha si bien la Comisión continúa dialogando con los países afectados sobre un problema que hace que cada año mueran prematuramente en la Unión Europea 400.000 personas por enfermedades relacionadas con la contaminación del aire.
Fuentes europeas han precisado que la Comisión aún no ha hecho una evaluación "país por país" y que tardará unos días en analizar los "compromisos" presentados por los Estados miembros presentes en la reunión, en la que Alemania, Francia, Italia y República Checa han enviado a la reunión a sus ministros del ramo, mientras que el resto estuvieron representados por otros cargos gubernamentales.
En el caso de España, la ponencia ha estado a cargo de la secretaria de Estado de Medio Ambiente, María García, quien ha trasladado a la Comisión que no se trata de un "problema generalizado" sino que se localiza en cinco puntos concretos: Avilés (Asturias) y Villanueva del Arzobispo (Andalucía) por partículas finas y el municipio de Madrid, Barcelona y su conurbación por dióxido de nitrógeno. .
García, quien ha subrayado que la calidad del aire es "una prioridad" para el Gobierno de España, ha matizado que en el caso puntual de Avilés, España ha detectado un problema con la ubicación de la estación de medición y que, a petición del Gobierno regional, solicitará a la CE un cambio de localización. Sobre el resto de zonas afectadas, ha indicado que las administraciones municipales, autonómicas y centrales trabajan conjuntamente para atajar el problema, que desde 2001 muestra tendencia hacia una mejoría.
