230 etiquetas y el 53 % sin respaldo adecuado
En concreto, laComisión Europea ha identificado 230 'ecoetiquetas' distintas en la UE, que presentan características medioambientales de los productos y su análisis detallado arroja que el 53,3 % de esas supuestas propiedades son confusas o infundadas y que el 40 % contienen declaraciones sin una base que las respalde.
Son afirmaciones tales como “fabricado con un 30 % de plástico reciclado”, “comprometidos con reducir nuestras emisiones de CO2” o “zumo respetuoso con las abejas”.
Mayor control y transparencia
Para corregir esa tendencia, el Ejecutivo comunitario quiere aplicar un mayor control y transparencia a esas etiquetas que, de manera voluntaria, utilizan algunos fabricantes para aportar un valor añadido a sus productos.
El objetivo es proteger a los consumidores, pero también a las empresas que se ven perjudicadas al ver que en la competencia utilizan eslóganes medioambientales dudosos.
Por ello, sin incluir ningún nuevo sistema obligatorio de etiquetado, Bruselas propone introducir reglas comunes.
Por ejemplo, no se permitirá que ningún producto muestre una puntuación agregada de distintos criterios medioambientales, pues se pierde nitidez en la fotografía real.
Además, si se comparan unos productos con otros en función de su rendimiento medioambiental, será obligatorio que se sustenten en información y datos equivalentes.
Para evitar la proliferación de etiquetas, más allá de las 230 que ya existen, no se permitirá nuevos sistemas públicos a nivel nacional salvo que demuestren que aportan un valor añadido a nivel doméstico respecto a un estándar armonizado a escala europea.
La Comisión Europea se pone a disposición de los Estados miembros para desarrollar estándares europeos, si los Veintisiete así lo solicitan.
Etiquetas medioambientales fiables, transparentes y verificadas
En cualquier caso, los sistemas de etiquetas medioambientales tendrán que ser "fiables, transparentes, verificados de forma independiente y revisados periódicamente", según señala la Comisión Europea, y las organizaciones de defensa de los consumidores estarán habilitadas para emprender acciones legales contra aquellos fabricantes que no respeten estas reglas de etiquetado.
La nueva normativa propuesta, que tendrá que negociarse con el Parlamento Europeo y los Estados miembros, se suma a la Directiva de Derechos de los Consumidores que la Comisión presentó el año pasado, con obligaciones para los fabricantes para evitar que los productos contengan información engañosa sobre el impacto social o medioambiental del producto.
