Se trata del país más poblado del mundo, con casi 1.400 millones de personas, y sin embargo, escasean los contenedores de reciclaje en las calles, incluso en las grandes ciudades. La población apenas tiene conciencia de este problema, aunque en las nuevas generaciones, afortunadamente, está cambiando a mejor, cada vez se preocupan más por sus estándares de vida y aumenta la participación en los temas medioambientales.
El Ministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano-Rural ha creado un equipo de trabajo para redactar leyes sobre reciclaje doméstico, que no todavía no existen o están obsoletas en algunas regiones.
China se ha puesto como objetivo que el 35% de los residuos domésticos urbanos se reciclen para 2020, una cifra que aunque se alcanzase, aun estaría alejada de la de otras grandes economías.
Xi Jinping, el presidente chino, quiere poner el foco en el cuidado del medioambiente y lo ha demostrado con normas como la prohibición de importar 56 tipos de desechos sólidos, que entró en vigor este año.
La basura y el reciclaje sigue siendo el sustento de parte de la población, que se dedica a revender materiales reciclables que encuentran en los cubos.
Aún queda mucho trabajo por hacer como poner en marcha campañas de concienciación, implantar mecanismos que se encarguen de separar toda esa basura, premiar a los ciudadanos que sigan las normas o castigar a aquellos que las infrinjan.
En 2013, Shanghái lanzó 'cuenta verde', un programa de incentivos para enseñar a los residentes a clasificar sus desechos por categorías. Hoy en día, alrededor de 3,8 millones de hogares están registrados en el programa y acumulan puntos por reciclar correctamente y los pueden canjear por artículos de primera necesidad como leche, jabón, pasta de dientes, tarjetas SIM o servicios públicos.
Por otro lado, han empezado a instalar contenedores equipados con tecnología de reconocimiento facial, vigilancia, análisis de la basura y sensores que envían una señal de alerta cuando la basura se desborda. Y ahora el Gobierno está investigando la posibilidad de imponer tarifas de tratamiento de basura a los hogares, en función de los residuos que produzcan.
