El objetivo de este proyecto es buscar una transición justa, según Marc Pons, el conseller balear de Territorio, Energía y Movilidad. La ley supone "un cambio de paradigma". Las claves del proyecto de ley son el impulso de las energías renovables, el cierre progresivo de las centrales térmicas más contaminantes de Baleares, avanzar en la transición hacia un modelo de transporte más sostenible y aspirar a una mayor eficiencia.
Estas claves están inspiradas en los Acuerdos de París y pretenden que las islas estés libres de combustibles fósiles y con un 100% de energía renovable en 2050.
Por otro lado, la norma balear cuenta con otro objetivo más a corto plazo. El 35% de la energía en Baleares deberá ser renovable para 2030, frente al 2% actual. Quieren llegar al 70% de generación para el consumo necesario en las propias islas y que el resto llegue "vía conexión con la península", ha detallado el conseller. Han fijado el 23% menos de consumo para 2030 y un 40% menos de emisiones contaminantes de CO2.
Además, será obligatorio instalar placas fotovoltaicas en todos los nuevos aparcamientos de más de 1.000 metros cuadrados de superficie y las edificaciones aisladas deberán tender a ser autosuficientes.
En cuanto a las centrales térmicas, el Govern seguirá trabajando para que 2020 cierre al menos la mitad de Es Murterar y el resto no más allá de 2025.
La ley dicta que en 2025 no se podrán matricular nuevos vehículos diesel en Baleares, limitación que se extenderá en 2035 a cualquier vehículo térmico ya sea gasolina o gasóleo.
Un 2% de la flota de las empresas de alquiler deberá ser eléctrica en 2020 e ir aumentando paulatinamente, con un 4% en 2021. Asimismo, las compañías deberán dejar claro una relación de los vehículos con los que operan en Baleares y todos deberán circular con una placa distintiva que indique también si son de propulsión eléctrica.
También trabajará para que el mar balear sea declarado zona ECA, donde los barcos no estén impulsados por combustibles derivados del petróleo sino con energías renovables o gas natural. Otra medida es que las medianas y grandes empresas deberán calcular su huella de carbono a partir de 2020 y a partir de 2025 tener planes de reducción de emisiones en un 40%.
El Consejo Balear del Clima, un comité de expertos, hará seguimiento del cumplimiento de los objetivos, y el Instituto Balear de la Energía funcionará como "el brazo ejecutor", con un presupuesto de un millón de euros el primer año.
