El Gobierno ha aprobado la ampliación de la superficie marina protegida de El Cachucho para mejorar el conocimiento científico y los valores naturales que tiene su ecosistema. Se encuentra al fondo del Mar Cantábrico, frente a las costas de Ribadesella, en Asturias.

Esto forma parte de un paquete de medidas de medioambiente aprobado por el Ministerio para la Transición Ecológica. El ecosistema presenta 50 kilómetros de ancho y 20 de largo y su acceso se encuentra a 425 metros de profundidad; su tamaño es similar al de los Picos de Europa.

En el año 2009 se convirtió en la primera Área Marina Protegida Oceánica de España y su nombre se debe a la gran cantidad de peces de esta especie que habitan en sus aguas. Hoy se ha aprobado un segundo plan de gestión que actualiza las medidas para su conservación.

Así, se pretende mejorar la herramienta que gestiona el área para conseguir una mayor conservación de sus valores naturales; del mismo modo, se busca regular sus usos y actividades con el fin de promover la economía sostenible y la consolidación de una Red Natura 2000 eficaz.

En este sentido, el plan determina una zona de máxima protección donde queda prohibida la pesca de fondo, y una segunda zona, esta vez de amortiguación, donde sí está permitida la pesquería con palangre de fondo y líneas de anzuelos, pero únicamente bajo determinadas condiciones.

Además, se ha ampliado la zona protegida para alcanzar aquellas partes con presencia de arrecifes, ya que son un tipo de hábitat que se encuentra bajo la protección de la normativa europea.

Por otro lado, el Consejo de Ministros ha aceptado una serie de reglas para la gestión de los recursos del fondo de restauración ecológica y resiliencia de la Secretaría de Estado de Medioambiente, lo que permitirá emprender las partidas de inversión en agua, cambio climático, costas, prevención contra la contaminación, residuos, meteorología y climatología.

Finalmente, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica del Gobierno de España, Teresa Ribera, ha recordado que España presenta un 18% de su territorio en riesgo de desertificación, lo que aumenta el peligro de sequía, incendios o fragmentación de hábitats, bosques y humedales; por ello, resalta la necesidad de tomar acciones también a este respecto.